Universidad de Alicante (1)

1. Según el artículo 36 de la Constitución Española la estructura interna y funcionamiento de los colegios profesionales deberán ser:

a) Regulados por los propios colegios profesionales. b) Democráticos. c) Contradictorios. d) Igualitarios.

2. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán a todos ellos a la vez. b) Los interesados solo podrán firmar digitalmente por medio de firma electrónica. c) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. d) Los interesados solo podrán relacionarse con la Administración mediante persona habilitada para ello.

3. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 3, las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones, entre otros, el siguiente principio:

a) Sigilo profesional en el ejercicio de sus funciones. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Jerarquía y coordinación en la gestión. d) Descentralización, independencia y coordinación interadministrativa.

4. El artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la función de certificar las actuaciones del órgano colegiado recae sobre:

a) El secretario del órgano colegiado. b) El presidente y el secretario del órgano colegiado, conjuntamente. c) La persona que designe el órgano colegiado. d) La persona de mayor edad.

5. Cuando hablamos de la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, nos referimos a:

a) Discriminación directa por razón de sexo. b) Discriminación indirecta por razón de sexo. c) Acoso sexual. d) Acoso por razón de sexo.

6. Según el artículo 5 del Reglamento (UE)2016/679, los datos personales serán tratados:

a) De manera ilícita, leal y transparente. b) Adecuados, pertinentes y limitados en relación con los fines para los que son tratados. c) Inexactos. d) De tal manera que se garantice una inseguridad adecuada de los datos personales.

7.Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, aquellos contratos que tienen por objeto la adquisición o arrendamiento de productos o bienes muebles se consideran:

a) Contratos de suministros. b) Contratos de servicios. c) Contratos mixtos. d) Contratos de concesión de servicios.

8.Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida se consideran:

a) Contratos de suministros. b) Contratos de servicios. c) Contratos mixtos. d) Contratos de concesión de servicios.

9.Según el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta con respecto a las prórrogas?:

a) El contrato podrá prever una o varias prórrogas, siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de estas. b) La prórroga se acordará por el órgano de contratación. c) La prórroga podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes. d) La prórroga del contrato no será obligatoria para el contratista en los casos de resolución por demora de la Administración en el abono del precio más de 6 meses.

10.La Constitución Española en su artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Señale la respuesta correcta:

a) El ejercicio de este derecho necesitará autorización previa de la autoridad. b) El ejercicio de este derecho necesitará autorización previa del órgano judicial competente. c) El ejercicio de este derecho necesitará autorización previa, en cualquier caso. d) El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

11. Según la Constitución Española, las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades:

a) Por resolución judicial motivada. b) Por resolución administrativa motivada. c) No podrán ser disueltas, ni suspendidas en sus actividades. d) En el caso de las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

12. Según la Constitución Española, los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Señale la respuesta correcta:

a) En cualquier caso. b) Excepto en los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos. c) En los términos que la ley establezca sobre libertad religiosa. d) Los poderes públicos no garantizan este derecho.

13. Las obligaciones que establece la Ley Orgánica 3/2007 serán de aplicación:

a) Solo a las personas que se encuentren o actúen en territorio español si tienen la nacionalidad española. b) Solo a las personas que se encuentren o actúen en territorio español y pertenezcan a países miembros de la Unión Europea. c) A toda persona, física pero no jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. d) A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.

14. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se considera discriminación indirecta por razón de sexo:

a) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. b) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja general con respecto a personas del otro. c) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. d) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, salvo que dicho trato pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima.

15. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo:

a) Se considerarán anulables. b) Tendrán efectos hasta su nulidad. c) Se considerarán nulos y sin efecto. d) Se considerarán sancionables en todo caso.

16. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo:

a) Corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. b) Corresponderá a la persona demandante probar la ausencia de discriminación. c) Corresponderá al órgano judicial, a instancia de parte, probar la ausencia de discriminación. d) Corresponde a la persona demandante probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

17. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

a) Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza degradante que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una persona. b) Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. c) Constituye acoso sexual únicamente el comportamiento verbal, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. d) Constituye acoso sexual únicamente el comportamiento físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona.

18. Según su artículo 1, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres tiene por objeto:

a) Hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley y de oportunidades entre mujeres y hombres previendo medidas destinadas a eliminar y corregir, en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. b) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades en los poderes públicos y en el ámbito privado. c) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida. d) Hacer efectivo el derecho de igualdad laboral y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación por razón de sexo, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida.

19. Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. ¿estarán sujetas al deber de confidencialidad todas las personas que intervengan en cualquier fase de un tratamiento de datos personales?:

a) No, al establecer dicha ley que solo estarán sujetos al deber de confidencialidad los responsables del tratamiento de datos. b) No, sólo están sujetos al deber de confidencialidad los empleados públicos que realicen funciones de recabar información y los responsables del tratamiento. c) Sí, únicamente los responsables del tratamiento de datos, pero no los encargados del mismo. d) Sí, al establecer dicha ley que estarán sujetas al deber de confidencialidad todas las personas que intervengan en cualquier fase de esta, así como los responsables y encargados del tratamiento.

20. Según el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información facilitando información básica que deberá contener, al menos:

a) La finalidad del tratamiento. b) La identidad del depositario de los datos. c) La imposibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 25 al 32 del Reglamento (UE) 2016/679. d) La dirección electrónica de su representante, en todo caso.

21. ¿Quiénes podrán ejercitar, en nombre y representación de los menores de catorce años, los derechos de acceso que pudieran corresponderles en el contexto de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales?:

a) Los responsables del tratamiento. b) Las personas designadas por los menores. c) Los titulares de la patria potestad, en cualquier caso. d) Los funcionarios habilitados.

22. A los efectos establecidos en el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, cuando la supresión de datos personales derive del ejercicio del derecho de oposición, con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, por parte del interesado:

a) El responsable deberá proceder a la destrucción de los datos. b) No es posible ejercer el derecho de supresión, sino únicamente el de rectificación. c) El responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. d) El encargado del tratamiento trasladará al responsable la orden de supresión sin dilación.

23. En la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, no se considera un derecho que pueda ejercer una persona respecto a sus datos personales:

a) Rectificación. b) Supresión. c) Oposición. d) Interoperabilidad.

24. Cuando el responsable de un fichero que contiene datos personales trata una gran cantidad de datos relativos a la persona afectada, y esta ejercita su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el responsable:

a) Podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que la persona afectada especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. b) Podrá requerir a la persona interesada el pago de un canon por la exigencia de un esfuerzo desproporcionado. c) Procederá, de oficio, al archivo de la petición. d) Tramitará la petición apercibiendo a la persona interesada que en ese supuesto la Ley 3/2018 habilitará la ampliación del plazo para resolver.

25. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuáles de estas personas no tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?:

a) Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar según las normas civiles. b) Todos los menores de edad. c) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. d) Los patrimonios independientes cuando la ley así lo declare expresamente.