Universidad de Alicante (4)

1) El artículo 27 de la Constitución Española reconoce:

a) El derecho a la educación. b) El derecho a la asociación. c) El derecho a la libre circulación del territorio. d) El derecho a sindicarse libremente.

2) Según el artículo 54 de la Constitución Española, la institución del Defensor del Pueblo dará cuenta de su actividad a:

a) La Administración. b) El Gobierno. c) Las Cortes Generales. d) El Gobierno y las Cortes Generales.

3) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo debe ser cursada la notificación de un acto administrativo?

a) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. b) A partir del décimo día siguiente a la fecha en que el acto haya sido dictado. c) Dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. d) Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

4) ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta en relación con las notificaciones según la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas?:

a) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, deberá intentar de nuevo la notificación personal. b) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar. c) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. d) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se ponga a disposición del interesado el acto administrativo.

5) ¿Cuál de los siguientes actos son anulables según la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas?:

a) Los que tengan un contenido imposible. b) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. d) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

6) ¿De cuál de estas formas no puede iniciarse de oficio un procedimiento administrativo según la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común?:

a) Por acuerdo del órgano competente. b) Por denuncia. c) Por querella. d) A petición razonada de otros órganos.

7) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común, si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne los requisitos fijados en la normativa, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en un plazo de:

a) 15 días. b) 10 días. c) 20 días. d) 30 días.

8) ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta en relación con los medios de prueba en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común?:

a) El instructor del procedimiento no podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados. b) En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. c) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. d) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo.

9) En relación con el trámite de audiencia previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común:

a) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. b) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. c) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar, pero no presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. d) Los interesados, en un plazo no inferior a quince días ni superior a veinte, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

10) En relación con la caducidad del procedimiento prevista en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común:

a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurrido 1 mes, se producirá la caducidad del procedimiento. b) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. c) La caducidad se declarará en todo caso ante la mera inactividad del interesado en relación con cualquier trámite administrativo. d) Los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.

11) La declaración de lesividad, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común, no podrá adoptarse transcurridos:

a) Un año desde que se dictó el acto administrativo. b) Seis meses desde que se dictó el acto administrativo. c) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. d) No hay plazo para la declaración de lesividad.

12) El plazo para la interposición del recurso de alzada, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común, será de:

a) Treinta días si el acto fuera expreso. b) Un mes si el acto fuera expreso. c) Si el acto no fuera expreso, dispondría de tres meses. d) Un mes, en cualquier caso.

13) Señale qué requisito no contempla la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la creación de cualquier órgano administrativo:

a) La dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. b) La dotación de personal y medios técnicos que aseguren su funcionamiento. c) La delimitación de sus funciones y competencias. d) La determinación de su forma de integración de la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.

14) Señale la respuesta correcta respecto al incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio, según establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su Capítulo II:

a) Afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos. b) Afecta por sí solo a la validez de las resoluciones dictadas por los superiores jerárquicos del órgano que dictó el acto administrativo. c) No afecta por sí solo a la validez de las resoluciones dictadas por los superiores jerárquicos del órgano que dictó el acto administrativo. d) No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

15) El artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece respecto a la competencia:

a) Que es renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia. b) Que será renunciable cuando se alegue imposibilidad material para su ejercicio. c) Que suponen alteración de la titularidad de la competencia en las encomiendas de gestión. d) Que el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos en los términos que prevean las propias normas de atribución de competencias.

16) Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, no se requerirá:

a) La asistencia del Presidente. b) La asistencia del Secretario. c) De la mayoría cualificada de sus miembros. d) De la asistencia de la mitad, al menos, de sus miembros.

17) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece como uno de sus objetos:

a) Establecer las bases del régimen económico-financiero del sector público estatal. b) El desarrollo normativo del sector público institucional. c) Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas. d) La vertebración de las entidades de derecho privado vinculadas a las Administraciones Públicas Autonómicas.

18) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no se aplica al sector que comprende:

a) El sector público comunitario. b) Las Universidades privadas que reciben subvenciones públicas. c) El sector público internacional. d) La Administración del Gobierno de España.

19) Señale qué principio deberán respetar las Administraciones Públicas en su actuación y relaciones, según la Ley 40/2015:

a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Programación de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. c) Reciprocidad de la gestión pública. d) Planificación estratégica y funcional tras la evaluación de los resultados de las políticas públicas bienales.

20) Según el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no se considera como “obra”:

a) El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. b) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo. c) La realización de trabajos que no modifiquen la estructura del terreno ni supongan alteración del medio natural. d) La realización de trabajos de mejora del medio físico o natural.

21) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contrato en cuya virtud varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a varias personas naturales, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia es:

a) Un contrato de concesión de servicios. b) Un contrato mixto. c) Un encargo de gestión. d) Un contrato de suministro.

22) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿puede un contrato comprender prestaciones propias de distintas tipologías de contratos?

a) La ley sólo contempla la formalización de contratos múltiples, únicamente en los supuestos que comprendan prestaciones propias de dos o más contratos de obras. b) La ley sólo contempla la formalización de contratos múltiples, únicamente en los supuestos que comprendan prestaciones propias de dos o más contratos de suministros. c) La ley contempla la posibilidad de establecer un contrato mixto que comprenda prestaciones múltiples de suministros o prestación de servicios. d) La ley contempla la posibilidad de establecer un contrato mixto que comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios; en este supuesto se atenderá al carácter de la prestación principal.

23) De acuerdo con lo que establece el artículo 29 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos menores en relación con su duración:

a) No podrán tener una duración inferior a un año ni ser objeto de prórroga. b) No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. c) Podrán tener una duración superior a un año. d) No podrán tener una duración superior a un año, pero podrán ser objeto de prórroga.

24) Según el artículo 29.6 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de:

a) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. b) Cuarenta años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios. c) 15 años. d) 30 años.