Exámen administrativo Aragón 2024

1.– ¿En qué artículo de la Constitución española de 1978 (en adelante CE) se hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos?:

A) En el artículo 8. B) En el artículo 9. C) En el artículo 10. D) En el artículo 11.

2.– El artículo 94 de la CE establece que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I requerirá la previa autorización de:

A) El Consejo de Ministros. B) Las Cortes Generales. C) El Congreso. D) El Senado.

3.– La Reforma del artículo 49 de la CE, de 15 de febrero de 2024, ¿qué día entró en vigor?:

A) El 15 de febrero de 2024. B) El 16 de febrero de 2024. C) El 17 de febrero de 2024. D) El 18 de febrero de 2024.

4.– En relación con el artículo 54 de la CE, relativo a la institución del Defensor del Pueblo, indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

A) La institución será regulada por una ley orgánica. B) Es un alto comisionado de las Cortes Generales. C) La institución podrá supervisar la actividad del órgano de gobierno de los jueces. D) La institución dará cuenta a las Cortes Generales.

5.– Según el artículo 122.1 de la CE, La ley orgánica del poder judicial determinará:

A) La constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces, Magistrados y Fiscales, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. B) La constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. C) La constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el gobierno de los Jueces y Magistrados, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. D) La constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de los las administración judicial y fiscal.

6.– Según el artículo 54.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de:

A) Descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. B) Descentralización funcional y territorial y desconcentración funcional. C) Descentralización territorial y desconcentración funcional y territorial. D) Descentralización funcional y territorial y desconcentración territorial.

7.– Según lo dispuesto en el artículo 99.3 de la CE:

A) El Presidente del Gobierno de España, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá disolver el Congreso, el Senado o las Cortes Generales incluso cuando esté en trámite una moción de censura. B) La responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno de España será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. C) El Presidente del Gobierno de España requiere para su nombramiento, entre otros trámites, que las Cortes Generales le otorgen su confianza. D) El Presidente del Gobierno de España requiere para su nombramiento, entre otros trámites, que el Congreso de los Diputados le otorge su confianza.

8.– Según el artículo 141 de la CE, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de:

A) Ser aprobada en primer lugar en referendum por los habitantes de los municipios afectados y posteriormente, por mayoría cualificada, por los plenos de las Diputaciones Provinciales afectadas. B) Ser aprobada por los plenos de las Diputaciones Provinciales afectadas y posteriormente por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas afectadas. C) Ser aprobada por el/los Parlamentos de las Comunidades Autónomas afectadas y posteriormente por el Senado. D) Ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

9.– Según el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, cuál de las siguientes instituciones de la Unión Europea NO estará asistida por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas:

A) Parlamento Europeo. B) Banco Central Europeo. C) Consejo. D) Comisión Europea.

10.– Según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea el número mínimo de diputados por Estado miembro es de:

A) Catorce. B) Diez. C) Seis. D) Dos.

11.– De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la formación a los trabajadores:

A) Deberá impartirse siempre dentro de la jornada de trabajo. B) Se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos. C) Su coste podrá recaer sobre el trabajador. D) El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva en el momento de su contratación, salvo que se trate de un contrato temporal.

12.– De acuerdo al artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, los resultados de la vigilancia de la salud se comunicarán:

A) Al empresario y a los trabajadores afectados. B) A los trabajadores y a los Delegados de Prevención. C) A los trabajadores afectados. D) Al empresario, a los Delegados de Prevención y a los trabajadores afectados.

13.– Con relación a los Decretos-Leyes y su convalidación, el artículo 86.2 de la CE establece que:

A) Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de su totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los quince días siguientes a su promulgación. B) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que podrán afectar al régimen de las Comunidades Autónomas y al Derecho Electoral General. C) El Congreso será convocado para el debate y votación de los Decretos-Leyes en el plazo de los quince días siguientes a su promulgación, debiendo esperar a la finalización de dicho plazo para que las Cortes puedan tramitarlos por el procedimiento de urgencia. D) Deberán someterse a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviese reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.

14.– De acuerdo con el artículo 128.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas (en adelante, Ley 39/2015, de 1 de octubre), el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde:

A) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y a los órganos de gobierno locales. B) Al gobierno de la nación exclusivamente. C) A las comunidades autónomas exclusivamente. D) Al presidente de la corporación de las entidades locales.

15.– De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas de carácter particular:

A) Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, cuando aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. B) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. C) Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, en cualquier caso. D) Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general en el caso de que lo autorice el Presidente del Gobierno.

16.– De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en relación con el inicio de oficio del procedimiento administrativo:

A) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente exclusivamente por propia iniciativa. B) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. C) Los procedimientos en ningún caso se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente a petición razonada de otros órganos. D) Los procedimientos se iniciarán de oficio siempre como consecuencia de orden superior con motivo de denuncia.

17.– Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con los órganos administrativos, señale la opción INCORRECTA:

A) Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. B) La creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. C) No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. D) A propuesta del Gobierno y previa justificación razonada, podrán crearse nuevos órganos en la misma Administración Pública, aunque puedan suponer duplicación de otros ya existentes sin necesidad de suprimir o restringir la competencia de estos.

18.– De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con la finalización del procedimiento señale la opción INCORRECTA:

A) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. B) Producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. C) En ningún caso pondrá fin al procedimiento la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, aunque tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. D) La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

19.– Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, y en relación con el trámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo:

A) No inferior a diez días ni superior a quince. B) No inferior a quince días ni superior a veinte. C) No inferior a cinco días ni superior a quince. D) No inferior a diez días ni superior a veinte.

20.– El artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre los efectos del acto administrativo establece que:

A) Se presumirán válidos y producirán efectos desde el día siguiente en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. B) Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. C) Se presumirán válidos desde la fecha en que se dicten, pero no producirán efectos hasta el día siguiente, salvo que en ellos se disponga otra cosa. D) Se presumirán válidos desde el día siguiente al que se dicten, pero producirán efectos retroactivos con carácter general.

21.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces:

A) Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar. B) Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar. C) Se tomará la fecha de la notificación electrónica siempre. D) No se puede notificar por diversos cauces.

22.– El artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:

A) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. B) Los dictados por órgano incompetente por razón de la jerarquía o del procedimiento. C) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. D) Los que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta.

23.– La Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece con respecto al recurso de alzada que:

A) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo. B) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. C) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de quince días hábiles, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. D) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender estimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo.

24.– El artículo 25.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que los contratos que se celebren por una Administración Pública cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos:

A) Son contratos administrativos. B) Son contratos de carácter privado. C) Son contratos administrativos si la suscripción es pública y de carácter privado si es privada. D) Son contratos de carácter privado porque no son de obra, ni de servicio, ni de suministro.

25.– El artículo 11 que los contratos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que los servicios de arbitraje y conciliación:

A) Son contratos administrativos sujetos a la Ley. B) Son contratos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley. C) Son contratos privados incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley y sujetos al derecho público. D) Son contratos administrativos incluidos por la Ley en el ámbito de aplicación de la misma.

26.– A los efectos del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por "Presupuesto básico de licitación" se entenderá:

A) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. B) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. C) El límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. D) El límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

27.– El Artículo 105 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece, sobre el pago del importe de las revisiones que procedan en los contratos sujetos a esta ley, que se hará efectivo:

A) De oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales a cuyo efecto se tramitará a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto para su cobertura. B) A petición del interesado, mediante el abono en pagos independientes a cuyo efecto se tramitará al final de cada ejercicio económico el oportuno expediente de gasto para su cobertura. C) De oficio, mediante el abono del importe en efectivo a cuyo efecto se tramitará a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto para su cobertura. D) A petición del interesado al final del contrato mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales a cuyo efecto se tramitará al final del ejercicio económico correspondiente el oportuno expediente de gasto para su cobertura.

28.– Según el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

A) Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, no prescribirán nunca. B) Las infracciones muy graves siempre prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. C) Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. D) Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las normas que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.

29.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el plazo de prescripción de las sanciones administrativas comienza a contarse:

A) Desde el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. B) Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transurrido el plazo para recurrirla. C) Desde el día en que la Administración tiene constancia de la comisión de la infracción y se inicia el procedimiento sancionador. D) Desde el día siguiente al que la Administración tiene conocimiento de la comisión de la infracción y se inicia el procedimiento sancionador.

30.– El artículo 37.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece, respecto a la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas:

A) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. B) Suspenderá en todo caso los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan por ser instancia jurisdiccional. C) Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. D) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, siendo la determinación de los hechos administrativa la que fijará los hechos para la jurisdicción penal.

31.– Según lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, TREBEP), la ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse:

A) Dentro del plazo improrrogable de dos años. B) Dentro del plazo de dos años, prorrogable hasta un año. C) Dentro del plazo improrrogable de tres años. D) Dentro del plazo de tres años, prorrogable hasta un año.

32.– El artículo 79 del TREBEP, establece como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera:

A) El concurso-oposición. B) La comisión de servicios. C) La libre designación con convocatoria pública. D) El concurso.

33.– Según lo dispuesto en el artículo 62 del TREBEP, ¿cuál de los siguientes requisitos NO es necesario para la adquisición de la condición de funcionario de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón?:

A) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico B) Superación del proceso selectivo. C) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. D) Publicación del nombramiento en el BOE.

34.– El artículo 87 del TREBEP, afirma que los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

A) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. B) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos de responsabilidad en organismos privados. C) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo inferior a seis meses en programas de cooperación internacional. D) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.

35.– El artículo 89 del TREBEP, hace referencia a la excedencia por razón de violencia de género estableciendo que inicialmente tendrán derecho a la reserva de puesto de trabajo que desempeñaran, durante:

A) Los dos primeros meses. B) Los cuatro primeros meses. C) Los seis primeros meses. D) Los doce primeros meses.

36.– El artículo 24 del TREBEP, atiende, entre otros, como factor para establecer las retribuciones complementarias:

A) El grado de eficacia con que el funcionario desarrolla su trabajo. B) Los servicios ordinarios. C) Los servicios extraordinarios prestados durante la jornada normal de trabajo. D) El rendimiento o resultados obtenidos.

37.– De acuerdo al artículo 95.3 del TREBEP, las faltas graves se establecerán atendiendo, entre otras, a la siguiente circunstancia:

A) El grado de intencionalidad. B) El descrédito para la imagen pública de la Administración. C) El nivel de negligencia que se revele en la conducta. D) La reiteración o reincidencia.

38.– ¿Cuál de los siguientes principios viene contemplado en el artículo 11.3 del TREBEP, como uno de los que deben regir en todo caso en los procedimientos de selección del personal laboral?:

A) Objetividad. B) Profesionalidad. C) Independencia. D) Igualdad.

39.– Según lo dispuesto en el artículo 39 del TREBEP, ¿cuál es el censo mínimo de funcionarios de una unidad electoral para poder constituir una Junta de Personal?:

A) 6. B) 30. C) 50. D) 100.

40.– Según lo dispuesto en el artículo 40 del TREBEP, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a las Juntas de Personal y a los Delegados de Personal?:

A) Fijar la política de personal. B) Ser oídos en los nombramientos y ceses por el sistema de libre designación. C) Preparar los planes en materia de prevención de riesgos laborales. D) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

41.– Según el artículo 34 del TREBEP, ¿a qué órgano corresponde la competencia para la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito?:

A) A las Organizaciones sindicales más representativas. B) A los Delegados de Personal. C) A las Juntas de Personal. D) Mesas generales de negociación.

42.– Con independencia de que las partes puedan acordar la creación, configuración y desarrollo de otros sistemas de solución, ¿a qué órganos encomienda el artículo 38.5 del TREBEP, el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos alcanzados en la negociación colectiva?:

A) Mesas de Negociación. B) Comisiones Paritarias. C) Juntas de Personal. D) Organizaciones Sindicales.

43.– El TREBEP, regula en su artículo 45 el sistema de mediación como vía de solución extrajudicial del conflicto colectivo. En relación con este procedimiento, señale la respuesta INCORRECTA:

A) Este sistema será obligatorio cuando lo solicite una de las partes. B) Las propuestas de solución del mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las partes. C) El acuerdo logrado a través de la mediación tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. D) En la mediación se encomienda a un tercero la resolución del conflicto planteado.

44.– En relación con la financiación de las Comunidades Autónomas ¿Qué establece el artículo 156.1 de la CE?:

A) Los recursos de las Comunidades Autónomas no podrán estar constituidos por recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. B) Las Comunidades Autónomas, salvo las de régimen fiscal especial, no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. C) Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. D) Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, si así lo determina la persona titular del Ministerio con competencias en Hacienda.

45.– Según lo indicado en el TREBEP, en relación con las retribuciones de los funcionarios públicos, indique la respuesta INCORRECTA:

A) Las retribuciones básicas, se fijarán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. B) La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública. C) No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios. D) Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, aunque modificará el régimen de sus prestaciones sociales.

46.– Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una persona física que representa a una persona jurídica, en un determinado procedimiento administrativo ante una Administración Pública:

A) Puede elegir en todo momento si se comunica con la citada Administración Pública a través de medios electrónicos o no para la realización de cualquier trámite de ese determinado procedimiento administrativo. B) Debe definir en el momento de la representación si se relaciona a través de medios electrónicos o no ante la citada Administración Pública para ese determinado procedimiento administrativo. C) Está obligada a relacionarse a través de medios electrónicos si la Administración Pública es la Administración General del Estado y, para el caso de otras Administraciones Públicas, debe definir en el momento de la representación si se relaciona a través de medios electrónicos o no. D) Esta obligada a relacionarse a través de medios electrónicos con la citada Administración Pública para la realización de cualquier trámite de ese determinado procedimiento administrativo.

47.– El artículo 53.2 de la CE establece que "cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en":

A) Los principios de eficacia y seguridad jurídica y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. B) Los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. C) Los principios de transparencia y seguridad jurídica y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. D) Los principios de eficiencia y seguridad jurídica y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

48.– Según el artículo 16 del TREBEP, el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, es un supuesto de:

A) Carrera horizontal. B) Carrera vertical. C) Promoción interna vertical. D) Promoción interna horizontal.

49.– El articulo 96 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece:

A) La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. B) La inscripción en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. C) La inscripción en el Registro de Licitadores de una entidad local acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. D) No existe ningún registro oficial de licitadores donde se acredite a efectos de la contratación frente a todos los órganos de contratación del sector público, ya que están excluidas de su ámbito las Comunidades Autónomas debiendo el licitador registrarse en cada organo de contratación.