Exámen administrativo extraordinario Aragón 2024

1.– En relación con la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitarias, indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

A) Durante el tiempo que esté vigente la declaración del estado de alarma se puede iniciar la reforma de la Constitución Española. B) El estado de alarma se declara por el Gobierno de España mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. C) La duración inicial de la declaración es de quince días. D) El Gobierno de España dio cuenta de la situación al Congreso de los Diputados.

2.– La reforma de la Constitución Española de 15 de febrero de 2024, modificó el contenido del:

A) Capítulo Primero del Título I. B) Capítulo Segundo del Título I. C) Capítulo Tercero del Título I. D) Capítulo Cuarto del Título I.

3.– Los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución Española:

A) No pueden verse afectados por Decretos-leyes. B) Pueden verse afectados por Decretos-leyes a excepción de los recogidos en la sección primera del capítulo segundo del Título I. C) Pueden verse afectados por Decretos-leyes a excepción de los recogidos en la sección segunda del capítulo segundo del Título I. D) Pueden verse afectados por Decretos-leyes a excepción de los recogidos en el capítulo cuarto del Título I.

4.– En el artículo 123 de la Constitución Española, se establece que, entre las funciones que corresponden al Consejo General del Poder Judicial se encuentra:

A) Nombrar a sus miembros previa propuesta de las Cortes Generales y el Gobierno de la Administración General del Estado. B) Proponer la Presidencia del Tribunal Supremo que será nombrada por el Rey. C) Proponer al Gobierno el nombramiento del Fiscal General del Estado. D) Proponer cuatro miembros del Tribunal Constitucional que serán nombrados por el Rey.

5.– Según lo dispuesto en el Capítulo Segundo del Título III de la Constitución Española:

A) Aún cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno no está facultado para oponerse a su tramitación. B) Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Reales Decretos Leyes. C) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Reales Decretos Legislativos y que no podrán entre otras, afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. D) Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

6.– Según el artículo 163 de la Constitución Española:

A) Cuando un órgano judicial o legislativo considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, siendo suspensivo. B) Cuando un órgano judicial o legislativo considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. C) Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. D) Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, siendo suspensivos.

7.– Según los artículos 55.3 y 55.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son Órganos Superiores:

A) El Presidente y los Ministros. B) Los Ministros y Secretarios de Estado. C) Los Ministros, Secretarios de Estado y Delegados de Gobierno. D) Los Ministros, Secretarios de Estado, Delegados de Gobierno y Embajadores.

8.– Según el artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las conferencias sectoriales son:

A) Convocadas por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro/a en el ámbito de las competencias atribuidas a su departamento. B) Convocadas por los/las Ministros/as o un mínimo de un tercio de Consejeros/as de las Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias atribuidas a su(s) departamento(s). C) Convocadas por los/las Ministros/as en el ámbito de las competencias atribuidas a su departamento. D) Convocadas por los/las Ministros/as en el ámbito delas competencias atribuidas a su departamento o un mínimo de un tercio de los Presidentes o Presidentas de las Comunidades Autónomas.

9.– Según el Título I de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas es CORRECTA:

A) Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del ministerio con competencias en materia de organización territorial. B) Dependen orgánica y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia. C) Son suplidos por el Subdelegado del Gobierno de la provincia que tenga mayor numero de habitantes en caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular para el caso de comunidades autónomas pluriprovinciales. D) Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes.

10.– Según lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución Española:

A) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de redistribución fiscal consagrado en el artículo 2 de la Constitución. B) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de igualdad consagrado en el artículo 2 de la Constitución. C) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución. D) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de corresponsabilidad fiscal consagrado en el artículo 2 de la Constitución.

12.– Según el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 252 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, órgano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, está integrado por:

A) Los Ministros de Justicia de cada Estado miembro. B) Por el presidente del Tribunal Constitucional u órgano equivalente de cada Estado miembro y nueve abogados generales. C) Por el presidente del Consejo General del Poder Judicial u órgano equivalente de cada Estado miembro y quince abogados generales. D) Un juez por cada Estado miembro asistido por ocho abogados generales pudiendo aumentar el Consejo, por unanimidad, el número de estos si el Tribunal de Justicia lo solicitare.

13.– Entre las instituciones de la Unión Europea NO se encuentra:

A) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. B) El Banco Central Europeo. C) El Banco Europeo de Inversiones. D) La Comisión Europea.

14.– Según el artículo 14.1 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo :

A) Ejercerá conjuntamente con el Consejo Europeo la función legislativa. Ejercerá funciones de control político en las condiciones establecidas en los Tratados proponiendo el nombramiento del Presidente del Consejo. B) Ejercerá conjuntamente con el Consejo Europeo la función legislativa. Ejercerá funciones de control político en las condiciones establecidas en los Tratados. C) Ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa. Ejercerá funciones de control políticojurídicas, en las condiciones establecidas en los Tratados. D) Ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados.

26.– En relación con los principios de la acción preventiva previstos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, señale la afirmación INCORRECTA:

A) Evitar los riesgos y evaluar los que no se puedan evitar. B) Adaptar el trabajo a la persona. C) Combatir los riesgos en su origen. D) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.

27.– Según el artículo 9 la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, corresponde a:

A) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. B) Instituto Nacional de la Seguridad Social. C) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. D) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

28.– De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones (en adelante LPACAP), en relación con la entrada en vigor de los reglamentos:

A) Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. B) Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial de la comunidad autónoma para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. C) Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera preceptiva, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. D) Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas entrarán en vigor y producirán efectos jurídicos desde la fecha en la que se aprueben.

29.– Según el artículo 82 de la Constitución Española, las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. ¿En qué forma deberá otorgarse dicha delegación legislativa cuando tenga por objeto encomendar al Gobierno la formación de textos articulados?:

A) A través de una Ley de transferencias. B) A través de una Ley de bases. C) Una ley Ordinaria. D) Un Decreto legislativo.

30.– Según artículo 150.3 de la Constitución Española, las Leyes armonizadoras:

A) Establecen los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas. Sólo podrán armonizar disposiciones dictadas por delegación del Estado. B) Establecen los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas. C) Establecen los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas y de las entidades Locales. D) Establecen los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las entidades locales, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas.

31.– De acuerdo con el artículo 58 de LPACAP y en relación con el inicio de oficio del procedimiento administrativo:

A) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente exclusivamente por propia iniciativa. B) Los procedimientos en ningún caso se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente a petición razonada de otros órganos. C) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. D) Los procedimientos en ningún caso se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente como consecuencia de orden superior.

32.– De acuerdo con el artículo 84 de la LPACAP, en relación con la finalización del procedimiento señale la opción INCORRECTA:

A) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. B) También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. C) En ningún caso pondrá fin al procedimiento la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, aunque tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. D) La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

33.– De acuerdo con el artículo 5 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público tienen la consideración de órganos administrativos:

A) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros. B) Las unidades administrativas cuya actuación no tenga carácter preceptivo. C) Las unidades administrativas que desarrollen funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, aunque su actuación tenga carácter preceptivo. D) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

34.– De acuerdo con el art 4 de la LPACAP, señale quien NO se considera interesado en el procedimiento administrativo:

A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. C) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, aunque se personen en el procedimiento cuando haya recaído resolución definitiva. D) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

35.– De acuerdo con el artículo 19 de la LPACAP, relativo a la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas establece que:

A) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. B) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una disposición administrativa de carácter general. C) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, será obligatoria en todo caso. D) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, cuando sea a través de medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de reglamento.

36.– De acuerdo con el artículo 14 de la LPACAP, en todo caso, quienes NO estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

A) Las personas jurídicas. B) Las entidades sin personalidad juridica. C) Las personas físicas. D) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

37.– Según el artículo 30.2 de la LPACAP, cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea:

A) El órgano encargado de resolver decidirá sobre si es necesario o no hacer constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. B) Se podrá hacer constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. C) Se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. D) No se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

38.– Según el artículo 70 de la LPACAP, NO formará parte de los expedientes administrativos:

A) La información contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticos. B) Las notificaciones y diligencias. C) Los acuerdos. D) Los dictámenes e informes.

39.– Según el artículo 48 de la LPACAP, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implica:

A) La nulidad de pleno derecho, excepto las que incurran en la desviación de poder. B) Serán anulables, salvo que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. C) Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. D) Serán anulables cuando por defecto de forma el acto dé lugar a la indefensión de los interesados.

40.– El artículo 115.2 de la LPACAP establece que el error o la ausencia de la calificación de un recurso administrativo por parte del recurrente:

A) Abrirá un plazo de diez días para que el interesado subsane el error en la calificación, en todo caso. B) No será obstáculo para su tramitación en ningún caso. C) No será obstáculo para su tramitación siempre que se deduzca su verdadero carácter. D) No será obstáculo para su tramitación siempre que el interesado esté debidamente identificado.

41.– El artículo 121 de la LPACAP, sobre el recurso de alzada, establece:

A) Debe presentarse siempre y únicamente ante el órgano que emitió el acto impugnado para que pueda informarlo adecuadamente y remitirlo al superior jerárquico. B) Es posible interponer el recurso de alzada tanto ante el órgano que emitió el acto como ante el que tiene competencia para resolverlo. C) Solo pueden ser objeto de recurso de alzada aquellos actos y resoluciones que agoten la vía administrativa. D) Debe interponerse ante el órgano que dictó el acto que deberá enviarlo al órgano competente en el plazo de veinte días, incluyendo un informe y en caso necesario la copia del expediente.

42.– ¿Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada según el artículo 122 de la LPACAP?:

A) Cinco meses. B) Cuatro meses. C) Tres meses. D) Seis meses.

48.– La Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de:

A) Acceso a las licitaciones restringido, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación y jerarquía entre los licitadores. B) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación y jerarquía entre los licitadores. C) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. D) Acceso a las licitaciones restringido, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

49.– El responsable del contrato según lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

A) Deberá ser una persona física, vinculada a la entidad contratante. B) Deberá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante. C) Deberá ser una persona jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. D) Podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

50.– Según el artículo 2 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones de carácter laboral contenidas en dicha ley y sus normas reglamentarias tendrán en todo caso:

A) Derecho mínimo indisponible. B) Derecho mínimo disponible. C) Derecho mínimo imprescindible. D) Derecho mínimo indispensable.

51– La Ley 9/207, de 8 de noviembre, de contratos del sector público establece que, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información, toda la información contenida en los perfiles de contratante permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a:

A) 1 año. B) 2 años. C) 5 años. D) 10 años.

52.– La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico establece respecto a las proposiciones de los licitadores interesados, sin perjuicio de lo dispuesto sobre admisibilidad de variantes y sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica que:

A) Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. B) Cada licitador podrá presentar hasta un máximo de dos proposiciones. C) Cada licitador podrá presentar hasta un máximo de tres proposiciones. D) Cada licitador podrá presentar proposiciones sin límite.

53.– Según el artículo 198 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector publico, la administración tendrá la obligación de abonar el precio al contratista:

A) Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. B) Dentro de los diez días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. C) Dentro de los quince días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. D) Dentro de los tres días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados.

54.– La duración de un acuerdo marco según establece el artículo 219 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, no podrá exceder de:

A) 4 años, en ningún caso. B) 5 años, en ningún caso. C) 4 años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. D) 5 años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados.

55.– El artículo 25 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida:

A) Únicamente por disposición de rango legal. B) Únicamente por disposición de rango reglamentario. C) Tanto por rango legal como reglamentario. D) Únicamente por disposición constitucional.

56.– La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando se refiere al principio de tipicidad establece:

A) Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de infracciones o sanciones establecidas legalmente. B) Las disposiciones reglamentarias de desarrollo no podrán introducir graduaciones al cuadro de infracciones o sanciones establecidas legalmente. C) Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir nuevas sanciones o graduaciones al cuadro de infracciones o sanciones establecidas legalmente. D) Las disposiciones reglamentarias no podrán introducir especificaciones al cuadro de sanciones o infracciones en ningún caso.

57.– El artículo 32.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece el derecho de los particulares a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes:

A) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos. B) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. C) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y patrimonio, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos. D) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes e intereses, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos, siendo un daño evaluable e individualizado.

58.– Según lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), la ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse:

A) Dentro del plazo improrrogable de dos años. B) Dentro del plazo de dos años, prorrogable hasta un año. C) Dentro del plazo improrrogable de tres años. D) Dentro del plazo de tres años, prorrogable hasta un año.

59.– En relación con la publicación de la Oferta de empleo público, el artículo 70 del TREBEP, establece que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta:

A) Un cinco por cien adicional. B) Un diez por cien adicional. C) Un quince por cien adicional. D) Un veinte por cien adicional.

61.– Según lo dispuesto en el artículo 9 del TREBEP, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a:

A) El personal eventual. B) Los funcionarios públicos. C) Los empleados públicos. D) El personal laboral.

62.– El artículo 78 del TREBEP, establece que las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de:

A) Mérito, capacidad, equidad y transparencia. B) Equidad, racionalidad, eficiencia y publicidad. C) Discrecionalidad, capacidad, eficiencia y transparencia. D) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

63.– Según el artículo 16 del TREBEP, cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito, los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de:

A) Carrera vertical y promoción interna vertical. B) Carrera horizontal y vertical. C) Carrera horizontal y promoción interna horizontal. D) Promoción interna horizontal y vertical.

64.– Es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera, según lo dispuesto en el artículo 63 del TREBEP:

A) La adquisición de otra nacionalidad. B) La jubilación parcial del funcionario. C) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. D) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, aún sin haber adquirido firmeza.

65.– Según lo dispuesto en el artículo 67 del TREBEP, en relación con la jubilación forzosa:

A) Procederá a solicitud del interesado. B) Se declarará al cumplir el funcionario sesenta años de edad. C) Se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumplan setenta y cinco años de edad. D) La Administración Pública competente podrá denegar motivadamente la prolongación.

66.– Según el artículo 89 del TREBEP, el derecho a excedencia de los funcionarios de carrera para atender un familiar que se encuentre a su cargo no podrá tener una duración superior a:

A) Un año. B) Dos años. C) Tres años. D) Cuatro años.

67.– El artículo 54 del TREBEP, establece que los empleados públicos informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tenga derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Esta actuación es definida por el TREBEP como:

A) Un principio de conducta. B) Una responsabilidad profesional. C) Un deber moral. D) Una obligación ética.

68.– Según lo dispuesto en el artículo 15 del TREBEP, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

A) Elección. B) Reunión. C) Asociación. D) Petición.

69.– Según lo dispuesto en el artículo 97 del TREBEP, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán:

A) A los seis meses. B) Al año. C) A los dieciocho meses. D) A los dos años.

70.– Señale en virtud de cuál de las siguientes modalidades de vinculación se accede a la condición de personal laboral, según lo dispuesto en el artículo 11 del TREBEP:

A) Relación estatutaria. B) Nombramiento. C) Contratación. D) Designación.

73.– Según lo dispuesto en el artículo 39 del TREBEP, ¿cuántos funcionarios requiere como mínimo el censo de una unidad electoral para que se constituya una Junta de Personal?:

A) 30. B) 50. C) 75. D) 100.

74.– Según lo dispuesto en el artículo 40 del TREBEP, las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tendrán las siguientes funciones:

A) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre los traslados del personal directivo. B) Ser informados de todas las sanciones impuestas al personal al servicio de las Administraciones Públicas. C) Vigilar el cumplimiento del código de conducta de los empleados públicos. D) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.

75.– Según el artículo 33 del TREBEP, están legitimados para estar presentes en las Mesas de Negociación los sindicatos que en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución hayan obtenido en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal:

A) El 5 por 100 o más de los representantes. B) El 10 por 100 o más de los representantes. C) El 15 por 100 o más de los representantes. D) El 20 por 100 o más de los representantes.

76.– El artículo 38 del TREBEP, establece que los Pactos y Acuerdos alcanzados en la negociación colectiva en el ámbito del personal al servicio de las Administraciones Públicas, entre las organizaciones sindicales y los órganos de gobierno de las correspondientes Administraciones Públicas:

A) Tendrán carácter improrrogable. B) Se prorrogarán por un año, si no mediara denuncia expresa de ambas partes, salvo acuerdo en contrario. C) Se prorrogarán por un año hasta un máximo de dos prórrogas, si no mediara denuncia expresa de una de las partes, salvo acuerdo en contrario. D) Se prorrogarán de año en año, si no mediara denuncia expresa de una de las partes, salvo acuerdo en contrario.

77.– El artículo 45 del TREBEP regula el sistema de arbitraje como vía de solución extrajudicial del conflicto colectivo, afirmando que dichos acuerdos serán susceptibles de impugnación. En relación con este procedimiento, específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en los siguientes casos. Señale la respuesta INCORRECTA:

A) Cuando no se hubiesen observado los requisitos y formalidades establecidos al efecto. B) Cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión. C) Cuando el órgano arbitral tuviere carácter unipersonal. D) Cuando contradiga la legalidad vigente.

102.– El artículo 24 del TREBEP sobre la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios establece que se establecerán atendiendo, entre otros, a los siguientes factores (Indique la opción INCORRECTA):

A) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. B) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. C) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. D) Los servicios extraordinarios prestados dentro de la jornada normal de trabajo.

104.– Según el artículo 20 de la Constitución Española:

A) Se reconoce y protege, entre otros, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. B) Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. C) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. D) Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

105.– El artículo 30 del TREBEP establece que cuando hay una parte de la jornada que no se realiza, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder:

A) La parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes mediante expediente sancionador. B) La parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador. C) La parte de la jornada no realizada no dará lugar a la deducción proporcional de haberes. D) La parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que tendrá carácter sancionador.

107.– Indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

A) Los Magistrados con más de diez años de ejercicio profesional podrán ser nombrados miembros del Tribunal Constitucional. B) Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado y en el boletín Oficial de las Comunidades Autónomas. C) Las sentencias del Tribunal Constitucional son recurribles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el plazo de dos meses desde su publicación en el boletín oficial del Estado. D) Los funcionarios públicos, juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, podrán ser nombrados miembros del Tribunal Constitucional.