Castilla y León examen administrativo libre 2025

1. Según la Constitución Española, ¿quién tiene competencia sobre la inmigración?

a) El Estado tiene la competencia exclusiva, según el artículo 149.1 de la Constitución Española. b) Las comunidades autónomas tienen la competencia exclusiva, según el artículo 148.1 de la Constitución Española. c) Las comunidades autónomas podrán asumir la competencia, según el artículo 148.1 de la Constitución Española. d) Esta materia no está regulada en la Constitución.

2. Según el artículo 63.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál es el requisito de titulación y condición profesional para ser nombrado subsecretario de un ministerio?

a) Debe ser un profesional de reconocido prestigio, no siendo necesaria la condición de funcionario. b) Debe ser funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, perteneciente al subgrupo A1 o haber perdido tal condición como consecuencia de su jubilación. c) Puede ser personal laboral de alta dirección con más de 15 años de experiencia. d) Debe ser necesariamente un secretario general técnico del mismo ministerio.

3. Según el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿qué tipo de competencia es la que se aplica en el ámbito de la protección de los consumidores?

a) Específica. b) De apoyo. c) Exclusiva. d) Compartida.

4. Según el artículo 128.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es uno de los límites que tienen los reglamentos y disposiciones administrativas?

a) No pueden regular materias que tengan impacto económico. b) No podrán regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. c) Podrán modificar leyes anteriores en caso de urgente necesidad. d) Para que puedan dictarse debe existir una delegación expresa mediante ley de bases.

5. Según el artículo 90.2 de la Constitución Española, el plazo de que dispone el Senado para, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas a los proyectos de ley aprobados por el Congreso es de:

a) Quince días naturales. b) Un mes a partir de la recepción del texto. c) Dos meses a partir del día de la recepción del texto. d) Veinte días si el proyecto es declarado urgente por el Consejo de Estado.

6. Según el artículo 36 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el acto administrativo se dicte de forma oral, la constancia escrita del mismo cuando se necesite:

a) Se realizará por el funcionario competente, con referencia a quien lo ha dictado y los recursos que proceden contra el mismo. b) Se efectuará y firmará por el titular del órgano que dictó el acto. c) Se hará constar mediante escrito realizado por el funcionario competente, expresando la fecha y los recursos que caben contra el mismo. d) Se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede.

7. Según el artículo 44 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de:

a) Un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. b) Un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma preceptivamente y con carácter previo a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. c) Un anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento. d) Un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Administración autora del acto a notificar.

8. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá disponerse la acumulación de expedientes:

a) Cuando hayan sido presentados por la misma persona, aunque se trate de asuntos diferentes. b) Cuando así lo disponga el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento. c) Siempre que lo ordene el titular del departamento. d) Siempre que se hayan iniciado en la misma fecha.

9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas produce:

a) La terminación del procedimiento. b) El archivo del expediente. c) La caducidad del procedimiento. d) La renuncia.

10. Según lo establecido en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo podrá el órgano competente para la revisión de oficio acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma?

a) Cuando las solicitudes se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 de la citada ley, o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. b) Cuando las solicitudes se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 de la citada ley, o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que no se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. c) Cuando las solicitudes no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 de la citada ley, o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que no se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. d) Cuando las solicitudes no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 de la citada ley, o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

11. De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios. Señale la afirmación incorrecta:

a) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. b) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. c) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. d) Evaluación de los resultados de la actuación administrativa.

12. ¿Qué prevé la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el artículo 26.9 respecto a la «infracción continuada»?

a) Que se sancionará cada acto por separado para garantizar la proporcionalidad. b) Que no se podrá sancionar como infracción continuada si ha pasado más de un mes entre actos. c) Que se sancionará como una única infracción cuando exista una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan preceptos de igual o semejante naturaleza. d) Que las infracciones continuadas solo existen en el ámbito penal, no en el administrativo.

13. Según el artículo 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez finalizado el trámite de audiencia en el expediente de responsabilidad patrimonial, ¿en qué plazo debe formularse la propuesta de resolución?

a) 5 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. b) 10 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. c) 15 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. d) 3 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.

14. Según el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el responsable del contrato es incorrecta?

a) En los contratos de concesión de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el director facultativo. b) El órgano de contratación deberá designar un responsable del contrato. c) En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el director facultativo. d) El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada o ajena a la entidad contratante.

15. Según el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿qué debe entenderse por una «obra completa» a efectos de la celebración de un contrato de obras?

a) Aquella que incluya necesariamente tanto la redacción del proyecto como la ejecución de los trabajos de construcción. b) La que sea susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para su utilización. c) Cualquier trabajo de ingeniería civil que modifique de forma permanente la sustancia del terreno o del vuelo. d) Aquella cuyo presupuesto de ejecución material coincida exactamente con el valor estimado del contrato.

16. Según dispone el artículo 87 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado no superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. c) Cuando sean designados asesores de los grupos políticos de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. d) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado no superior a tres meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.

17. El artículo 74 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece criterios de ordenación de puestos de trabajo. ¿Cuál no aparece literalmente?

a) Denominación de los puestos. b) Grupos de clasificación profesional. c) Sistemas de provisión. d) Retribuciones básicas.

18. Según el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el caso del personal laboral temporal, los procedimientos de selección deberán regirse en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad y además por el principio de:

a) Celeridad. b) Economía. c) Eficiencia. d) Eficacia.

19. De acuerdo con el artículo 10 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se establecerán regímenes especiales:

a) Por voluntad de los sindicatos mayoritarios. b) En aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos de producción se requiera. c) Únicamente para trabajadores con discapacidad. d) Para sectores económicos con beneficios superiores a la media.

20. De acuerdo con el artículo 44.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, las prestaciones de la Seguridad Social, así como los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social, no podrán ser objeto de retención, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo:

a) Cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la Seguridad Social. b) En orden al incumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos. c) Cuando se trate de deudas tributarias del beneficiario. d) Cuando se trate de cualquier deuda reconocida judicialmente.

21. Según lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de una garantía provisional, ésta:

a) No podrá ser superior a un 3 por 100 del valor estimado del contrato. b) No podrá ser superior a un 5 por 100 del valor estimado del contrato. c) No podrá ser superior a un 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. d) No podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

22. Según el artículo 12.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con el ejercicio de los derechos de los interesados, ¿sobre quién recae la carga de la prueba del cumplimiento del deber de respuesta?

a) Sobre el interesado, que debe acreditar la recepción de la notificación mediante el sistema de registro. b) Sobre el Delegado de Protección de Datos de la administración u organismo correspondiente. c) Sobre el responsable del tratamiento. d) Sobre la Agencia Española de Protección de Datos mediante una auditoría de control.

23. Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, ¿en qué caso concreto los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas sí formarán parte del expediente administrativo?

a) Siempre que se emitan por un órgano consultivo debidamente identificado. b) Únicamente cuando se trate de informes, ya sean preceptivos o facultativos, solicitados antes de la resolución que ponga fin al procedimiento. c) Cuando se incorporen como anexos necesarios en la fase de ejecución de la resolución administrativa. d) En ningún caso, ya que los juicios de valor se consideran legalmente como información auxiliar o de apoyo.

24. En relación con los requisitos de validez de los documentos electrónicos administrativos, el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas establece que éstos deberán:

a) Presentar un formato determinado que sea susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. b) Incorporar metadatos adicionales definidos por el órgano emisor en su normativa de autoorganización. c) Disponer de datos de identificación que impidan en todo momento su incorporación a un expediente administrativo posterior. d) Contener una referencia temporal del momento en que el documento ha sido notificado al interesado.

25. Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

a) La organización interna del funcionamiento de la administración. b) El gasto en la contratación de la administración. c) Las relaciones con la Administración del Estado. d) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.