Test Contratos Sector Público (1)

1. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios se atenderá, para la determinación de las normas que regirán la adjudicación:

a) Al mayor de los valores estimados de ambas prestaciones. b) Al carácter de la prestación secundaria, si las distintas prestaciones no son separables. c) No pueden concurrir las prestaciones de obras, suministros y servicios en el mismo expediente de contratación. d) Al carácter de la prestación principal.

2. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos que deberán justificarse debidamente en el expediente:

a) Salvo en los casos de contratos de concesión de obras y concesión de servicios. b) Salvo en los casos de contratos de concesión de servicios. c) Salvo en los casos de contratos de concesión de obras. d) Salvo en los casos de contratos de concesión de obras, concesión de servicios y contratos administrativos especiales.

3. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los contratos de concesión de obras:

a) La ayuda de la Administración en la construcción de las obras podrá consistir en la ejecución por su cuenta de parte de la misma o en su financiación parcial. b) No puede existir ayuda de la Administración. c) La ayuda de la Administración en la construcción de las obras solo podrá consistir en su financiación parcial. d) La ayuda de la Administración en la construcción de las obras solo podrá consistir en la ejecución por su cuenta de parte de la misma.

4. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, podrán ser objeto del recurso especial en materia de contratación las siguientes actuaciones:

a) Los acuerdos de rescate de concesiones. b) Las propuestas de adjudicación del contrato. c) Los documentos contractuales ya establezcan o no las condiciones que deban regir la contratación. d) La supresión de un servicio por razones de interés público.

5. Conforme a lo establecido en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se considerarán contratos menores:

a) Los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros IVA excluido cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. b) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales. c) Los contratos de valor estimado igual o inferior a 15.000 euros IVA excluido cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. d) Los contratos de valor estimado igual o inferior a 15.000 euros IVA incluido cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

6. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el supuesto de que un contrato complementario de servicios haya quedado resuelto por resolución del contrato principal, el contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos:

a) Una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. b) Una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA incluido. c) Una indemnización del 5 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. d) Una indemnización del 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA incluido.

7. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el precio del contrato:

a) Deberá expresarse en euros, sin que pueda preverse que la totalidad o parte del precio sea satisfecho en moneda distinta del euro. b) Se entenderá excluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, pero se indicará como partida independiente. c) Podrán ser revisados, cuando deban ser ajustados, exclusivamente al alza, para tener en cuenta las variaciones económicas de costes que acaezcan durante la ejecución del contrato. d) Podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.

8. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando la cláusula de revisión de precios se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán:

a) Aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente superior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. b) Aquellos que hubiesen correspondido a la fecha de adjudicación del contrato. c) Aquellos que hubiesen correspondido a la fecha de formalización del contrato. d) Aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos.

9. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos que contengan prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se denominan:

a) Publico-privados. b) Indeterminados. c) De regulación armonizada. d) Mixtos.

10. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con relación al desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración:

a) Se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos siempre de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común. b) Podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización del contrato. c) Se compensará a los licitadores presentados por los gastos siempre de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común. d) Impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

11. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá:

a) Exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, sin que puedan tener carácter solidario. b) Exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador. c) Exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario. d) Exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, no sean ejecutadas directamente, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un mínimo de dos participantes en la misma, siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los que se refiera.

12. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el cálculo del valor estimado de los contratos de concesión de servicios se tendrán en cuenta, cuando proceda, los siguientes conceptos:

a) El valor de los subsidios o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, a cambio de la ejecución de la concesión, salvo que sean procedentes de terceros. b) La renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios de los servicios, siempre que sean recaudadas en nombre del poder adjudicador. c) El precio de la venta de cualquier activo que forme parte de la concesión. d) Los pagos o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, concedidos al concesionario por el poder adjudicador o por cualquier otra autoridad pública, excluida la compensación por el cumplimiento de una obligación de servicio público y subvenciones a la inversión pública.

13. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el contrato de concesión de servicios, el concesionario abonará a la Administración concedente un canon o participación:

a) En todas las concesiones de servicios y su cuantía se fijará en el pliego de cláusulas técnicas generales. b) En todas las concesiones de servicios sujetas a regulación armonizada y su cuantía se fijará en el pliego de cláusulas administrativas particulares. c) Si así lo hubiera establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares. d) En ningún caso se podrá establecer un abono a la Administración concedente de un canon o participación en este tipo de contratos.

14. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario, se denomina:

a) Precio. b) Valor estimado. c) Presupuesto base de licitación. d) Precio público de estimación.

15. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida son:

a) Contratos de suministro. b) Contrato de servicios. c) Contrato de concesión de servicios. d) Contratos de obra sin materiales.

16. Según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta:

El importe de las modificaciones que puedan celebrarse durante la ejecución del contrato, aunque no estuvieran previstas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. El importe de las modificaciones que puedan celebrarse durante la ejecución del contrato, estuvieran o no previstas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. El importe de las revisiones de precios que se hayan de efectuar.

17. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, determina que las entidades del sector público podrán contratar verbalmente:

No, en ningún caso. No, salvo que se trate de contratos celebrados por entidades creadas para satisfacer necesidades que tengan carácter industrial o mercantil. No, salvo que expresamente venga contemplada tal posibilidad en los pliegos de cláusulas No, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.

18. El procedimiento negociado sin publicidad recogido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público está indicado:

Entre otros casos, para supuestos en que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única. Cuando el contrato a celebrar por la Administración no haya sido declarado secreto o reservado. La actual Ley 9/2017, no contempla el procedimiento negociado sin publicidad. El art. 168 de la Ley 9/2017 sólo contempla el procedimiento negociado sin publicidad cuando no haya ninguna oferta adecuada o ninguna solicitud de participación.

19. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es una causa de anulabilidad de un contrato administrativo:

Todos aquellos actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. La falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada , del adjudicatario. La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a la Ley, salvo los supuestos de emergencia. La falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

20. En relación con el tratamiento de datos de naturaleza penal, el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales dispone:

Su uso para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta Ley Orgánica o en otras normas de rango legal. Los abogados y procuradores no podrán tratar los datos relativos a condenas e infracciones penales. El tratamiento de este tipo de datos se regula en el Código Penal. Su uso para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta Ley Orgánica o en otras normas de rango reglamentario.

21. Para contratar la ejecución de una obra conjuntamente con la redacción del proyecto para su realización deberá formalizarse, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

Un contrato de obras Un contrato mixto. Un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, según la prestación más importante desde el punto de vista económico. Un contrato de servicios.

22. Los contratos celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas tienen, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la consideración de:

Contratos mixtos. Contratos menores. Contratos especiales. Contratos privados.

23. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es competente:

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo no tiene competencias en materia de contratación. Para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación y adjudicación de los contratos administrativos. Para resolver todas las cuestiones litigiosas relativas a los contratos administrativos. Para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación y adjudicación de los contratos privados.

24. Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el artículo 107.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que el importe de la garantía definitiva a constituir se fijará:

Atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido. Atendiendo al valor estimado del contrato, IVA excluido. Atendiendo al precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta. A tanto alzado, sin que pueda exceder el 5% del presupuesto base de licitación.

25. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece en su artículo 122.1 que los Pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse:

Previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de su adjudicación. Con la adjudicación del contrato, cuando ya se conoce quién es el adjudicatario. Siempre antes de iniciar un expediente de contratación. Previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato, o en caso de no existir esta, antes de su adjudicación.