Extremadura examen administrativo 2022

1. ¿En qué Título de la Constitución Española de 1978 se establece que la ley regulará un estatuto de los trabajadores?

a. En el Título VI. b. En el Título IV. c. En el Título I. d. En el Título Preliminar.

2. En relación con La Corona, el artículo 64 de la Constitución Española de 1978, establece que:

a. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Senado. b. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. c. De los actos del Rey no serán responsables las personas que los refrenden. d. La disolución de las Cámaras será refrendada por el Presidente del Gobierno.

3. Respecto a los principios rectores de la política social y económica recogidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución Española de 1978, señala la respuesta INCORRECTA:

a. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. b. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. c. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a los que todos tienen derecho. d. Los poderes públicos promoverán la investigación científica y técnica en beneficio del interés empresarial.

4. Respecto a la composición y características de las Cámaras recogida en el Título III de la Constitución Española de 1978, señala la respuesta CORRECTA:

a. Cualquier miembro del Congreso puede acumular su Acta de Diputado al de una Asamblea de Comunidad Autónoma. b. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. c. El Senado es la Cámara de representación institucional. d. Las Cortes Generales ejercen la potestad ejecutiva del Estado.

5. Según el artículo 104 de la Constitución Española de 1978, las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, se determinarán, mediante:

a. Decreto Legislativo. b. Disposiciones del Gobierno. c. Ley ordinaria. d. Ley orgánica.

6. Según la Constitución Española de 1978, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia:

a. Asistencia social. b. Sanidad e higiene. c. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. d. Gestión en materia de protección del medio ambiente.

7. La Constitución Española de 1978 dispone que el Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por:

a. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial. b. El Rey. c. El Presidente del Gobierno. d. El Ministerio Fiscal.

8. Una vez aprobada la reforma de la Constitución Española por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación:

a. Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una cuarta parte de los miembros de ambas Cámaras. b. Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. c. Cuando así lo soliciten, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. d. Cuando así lo soliciten, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, una cuarta parte de los miembros de ambas Cámaras.

9. De los derechos de los empleados públicos recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, NO es un derecho individual ejercido colectivamente:

a. La libertad sindical. b. La libre asociación profesional. c. El ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. d. El planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.

10. Según lo establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, la obligación de cotizar se suspenderá:

a. En la situación de incapacidad temporal. b. Durante las situaciones de huelga y cierre patronal. c. En la de riesgo durante la lactancia natural. d. En la situación de riesgo durante el embarazo.

11. Según lo establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, NO será considerado accidente de trabajo:

a. Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. b. Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical. c. Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado. d. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

12. De conformidad con lo establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, la obligación de cotizar por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales correrá a cargo:

a. La cotización completa correrá a cargo exclusivamente de los empresarios. b. La cotización completa correrá a cargo exclusivamente de los trabajadores. c. La cotización comprenderá dos aportaciones, la del empresario y la de los trabajadores. d. No existe obligación de cotizar por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sólo es obligatorio cotizar por contingencias comunes.

13. Según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué forma deberá revestir la norma de creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado cuando se les atribuyan competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos?:

a. Real Decreto en el caso de órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general. b. Decreto en el caso de órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general. c. Orden ministerial para los restantes órganos colegiados interministeriales. d. Acuerdo del Consejo de Ministros para los restantes órganos colegiados interministeriales.

14. ¿En cuál de los siguientes supuestos deberán abstenerse las autoridades y el personal al servicio de las administraciones de intervenir en el procedimiento según el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público?

a. Tener amistad manifiesta o enemistad íntima con el administrador de una sociedad interesada. b. Haber sido administrador de la sociedad interesada en los dos últimos años. c. Tener vínculo de parentesco como prima del interesado. d. Haber tenido una cuestión litigiosa con el interesado.

15. Según el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, indique cuál de las opciones que se enumeran es la CORRECTA:

a. Las Administraciones Públicas no podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. b. Las personas jurídicas nunca podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. c. Siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento salvo manifestación expresa en contra del representante. d. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.

16. Según dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas NO requerirán a los interesados el uso obligatorio de la firma para:

a. Formular solicitudes. b. Presentar recursos. c. Desistir acciones. d. Renunciar a derechos.

17. De conformidad con el concepto de interesado establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, señala la respuesta CORRECTA:

a. Cuando la condición de interesado derivase de cualquier relación jurídica, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. b. Se considerarán interesados en el procedimiento quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento una vez haya recaído resolución definitiva. d. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que reglamentariamente se les reconozca.

18. Serán nulos de pleno derecho según la Ley de Procedimiento Administrativo Común:

a. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se posean los requisitos esenciales para su adquisición. b. Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio. c. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. d. Los que se establezcan expresamente en una disposición con rango reglamentario.

19. La Ley de Procedimiento Administrativo Común establece que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en uno de los siguientes casos:

a. Cuando exista un procedimiento finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la prescripción de que se trate. b. Cuando se soliciten informes facultativos a un órgano de la misma o distinta Administración. c. Cuando los interesados promuevan la recusación. d. Cuando deban realizarse análisis contradictorios propuestos por los interesados.

20. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿en cuál de los siguientes procedimientos iniciados a solicitud de interesado el silencio tendrá efecto desestimatorio?

a. En el ejercicio del derecho de petición del artículo 27 de la Constitución Española. b. En procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. c. En aquéllos cuya desestimación tuviera como consecuencia que se transfiriera al solicitante facultades relativas al dominio público. d. En procedimientos de responsabilidad sancionadora de las administraciones públicas.

21. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo:

a. No superior a treinta días ni inferior a diez. b. No inferior a diez días ni superior a quince. c. En ningún caso inferior a veinte días. d. No superior a diez días.

22. De las siguientes opciones indique cuál es INCORRECTA en relación a las actuaciones complementarias reguladas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

a. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. b. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de cinco días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. c. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. d. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.

23. Según lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿procede algún recurso contra los actos firmes en vía administrativa?

a. Procede el recurso potestativo de revisión exclusivamente. b. Proceden el recurso de alzada o el potestativo de revisión. c. Procede sólo el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1. d. Proceden el recurso de alzada o el potestativo de revisión, así como el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

24. Según el art. 16 de la Ley de Contratos del Sector Público, NO se considera contrato de suministros:

a. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. b. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas. c. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. d. La adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.

25. De conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver:

a. Las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos. b. Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas. c. Las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. d. Las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

26. De conformidad con el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, indique la respuesta INCORRECTA:

a. El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la compra del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de exclusividad por la empresa que suministró dicho bien, podrá tener como plazo de duración el de la vida útil del producto adquirido. b. Excepcionalmente podrá producirse la prórroga de un contrato por el consentimiento tácito de las partes. c. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. d. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.

27.Según la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con:

a. Su adjudicación. b. Su formalización. c. El consentimiento de las partes. d. Su aceptación.

28. El responsable del contrato, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público podrá ser:

a. Exclusivamente persona física, pero vinculada a la entidad contratante. b. Exclusivamente persona jurídica, pero ajena a la entidad contratante. c. Una persona física o jurídica, pero siempre vinculada a la entidad contratante. d. Una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

29. Según la Ley de Contratos del Sector Público, de las siguientes opciones indique cuál NO es un medio válido para acreditar la solvencia técnica de los empresarios en los contratos de suministros:

a. Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. b. Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante. c. Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. d. Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.

30. ¿Cuál es el importe del valor estimado que debe tener un contrato de suministros para que pueda acordarse la utilización del procedimiento abierto simplificado que se recoge en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público?

a. El valor estimado debe ser inferior a 100.000 euros. b. El valor estimado debe ser inferior a 60.000 euros. c. El valor estimado no puede superar los 35.000 euros. d. El valor estimado no puede superar los 40.000 euros.

31.Con respecto a la garantía provisional regulada en la Ley de Contratos del Sector Público, señale la opción INCORRECTA:

a. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. b. En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. c. En el caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta y no en función del importe del presupuesto total del contrato. d. En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición, el importe de la garantía provisional, de exigirse, se fijará a tanto alzado por la Administración Pública, sin que en ningún caso pueda superar el 3 por 100 del valor estimado del contrato.

32. Según la Ley de Contratos del Sector Público, el procedimiento de adjudicación en el que solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, hayan sido seleccionados por el órgano de contratación, se llama:

a. Procedimiento abierto. b. Procedimiento abierto simplificado. c. Procedimiento restringido. d. Diálogo competitivo.

33. Según el artículo 211.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, en los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a:

a. La que mayor importe económico tenga. b. La que aparezca recogida en primer lugar en los Pliegos. c. La que haya aparecido con prioridad en el tiempo. d. Lo que se acuerde por mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

34. Según el artículo 237 de la Ley de Contratos del Sector Público, la ejecución del contrato de obras comenzará con:

a. La formalización del contrato. b. El acta de comprobación de replanteo. c. La adjudicación del contrato. d. Es indiferente, tras la adjudicación o formalización del contrato.

35. Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, son obras de rehabilitación:

a. Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. b. Las que dan lugar a la creación de un bien inmueble. c. Las que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad. d. Las que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble.

36. De acuerdo con el artículo 245 de la Ley de Contratos del Sector Público, indique de las opciones que se muestran a continuación cual NO es causa de resolución del contrato de obras:

a. La demora justificada en la comprobación del replanteo. b. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. c. La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración. d. El desistimiento.

37. Según la Ley de Contratos del Sector Público, en el contrato de suministros, cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, ¿quién será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra?

a. El contratista. b. La Administración. c. Dependerá del caso concreto. d. El acto formal de recepción de los bienes nunca podrá ser posterior a la entrega de los bienes.

38. La Ley de Contratos del Sector Público establece que, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquel, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que el precio de adjudicación del contrato o en el caso de acuerdos marco, el valor estimado, exceda de:

a. 500.000 euros, tratándose de obras. b. 400.000 euros, tratándose de suministros. c. 150.000 euros, tratándose de servicios. d. 100.000 euros, tratándose de contratos administrativos especiales.

39. Según el artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía definitiva a constituir se fijará atendiendo al:

a. Precio final ofertado por el licitador, IVA excluido. b. Precio final ofertado por el licitador, IVA incluido. c. Presupuesto base de licitación, IVA excluido. d. Presupuesto base de licitación, IVA incluido.

40. Según la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano competente para resolver el recurso especial deberá adoptar decisión en forma motivada sobre las medidas cautelares dentro de:

a. Los cinco días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten. b. Los siete días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten. c. Los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten. d. Los quince días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten.