Test Ley 39 (15)

1. Según el artículo 26.3 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo:

a) Requerirán firma electrónica al igual que cualquier otro documento emitido por la Administración. b) No será necesario identificar el origen del documento, pero precisará firma electrónica. c) No requerirán firma electrónica. d) No está contemplada esta cuestión en la citada ley.

2. Respecto al procedimiento de responsabilida d patrimonial, la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que:

a) Se iniciará siempre a solicitud del interesado. b) Se iniciará siempre de oficio. c) Se deberá iniciar de oficio cuando proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrat iva o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general. d) Se podrá iniciar de oficio, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el procedimiento en el plazo establecido.

3. Señala la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de al menos el 20 por 100, ¿esto es cierto?

a) Si, pudiendo incrementarse legalmente b) No, dado que al menos serán del 40 por ciento. c) Si, pudiendo incrementarse legalmente o reglamentariamente. d) Si, pudiendo incrementarse reglamentariamente.

4. ¿Qué órgano puede, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administrac iones Públicas, acordar la suspensión del acto impugnado por la interposición de un recurso administrativo?

a) El órgano ante el que se presentó el recurso. b) El órgano al que corresponda la instrucción del recurso. c) El órgano al que competa resolver el recurso. d) El superior jerárquico del órgano que deba resolver el recurso.

5. La Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra ciones Publicas establece que, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en la misma:

a) Sólo mediante Decreto Ley. b) Mediante Decreto Ley. c) Sólo mediante Ley. d) Mediante Decreto

6. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, excepto:

a) En los casos de caducidad del procedimiento. b) En los casos de desistimiento de la solicitud. c) En los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. d) En los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.

7. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos:

a) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración. b) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados. c) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87. d) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional.

8. El artículo 131 de la ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común dispone que las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Es el principio de:

a) Legalidad de las normas. b) Especialidad de las normas. c) Publicidad de las normas. d) Seguridad jurídic a.

9. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece respecto del recurso de reposición que:

a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de reposición será de tres meses. b) La resolución de un recurso de reposición no pone fin a la vla administrativa. c) Se podrá interponer el recurso de reposición, si el acto no fuera expreso, en cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo, con su normativa específica, se produzca el acto presunto. d) Transcurrido el plazo de interposición de un recurso de reposición únicamente se podrá interponer recurso contencioso-administrativo.

10. Podrá interponerse un recurso extraordinario de revisión, de conformidad con el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Contra actos firmes en vía administrativa. Contra actos de trámite que decidan directamente el fondo del asunto. Contra actos que ponen fin a la vía administrativa. Contra actos de órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico.

11. La Ley 39/2015, de 1de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las resoluciones administrativas:

a) Son nulas si vulneran lo establecido en una disposición reglamentaria. b) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. c) Son anulables si son dictadas por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio. d) Son nulas si se dictan prescindiendo de un trámite del procedimiento legalmente establecido.

12. Al tramitar un procedimiento sancionador de manera simplificada es un trámite preceptivo, de acuerdo con el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:

a) El trámite de audiencia, cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. b} b) El trámite de audiencia es preceptivo en todo caso. c) No se prevé el trámite de audiencia en este procedimiento. d) El informe del Consejo General del Poder Judicial.

13. En los procedimientos sancionadores vinculan a las Administraciones Públicas los hechos declarados probados por una resolución judicial penal firme; así lo dispone:

a) El articulo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) El artículo 77 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. c) El artículo 177 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. d) El articulo 78 de la Ley 40/2015, de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

14. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado procedimiento de responsabilidad patrimonial a solicitud de un interesado éste deberá de concretar la proposición de la prueba de la que pretenda valerse en:

a) Al comienzo del trámite de la prueba. b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. c) En la solitud de inicio del procedimiento. d) En el trámite de audiencia.

15. En relación al impulso del procedimiento administrativo, el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece:

a) De acuerdo con el principio de celeridad, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. b) Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos. c) La fase de instrucción del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de quince días para cumplimentarlo. d) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento suspenderán la tramitación del mismo.

16. Según el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con:

a) Cada uno de los interesados. b) Cualquier interesado. c) El representante y el interesado que expresamente hayan señalado. d) El interesado que figure en primer término.

17. En el caso de que los interesados optarán por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:

a) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". b) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos no cualificados de firma electrónica. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que esté incluido en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación" d) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico simple basados en certificados electrónicos cualificados de sello o firma electrónicos.

18. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan, aunque no tengan derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses exclusivamente sociales. c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. d) Aquellos cuyos intereses puedan resultar afectados o no por la resolución y se personen en el procedimiento.

19. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido, se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver, en el plazo de:

a) 30 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. b) 20 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. c) 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. d) 10 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

20. Las Administraciones podrán acordar la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, cuando razones de interés público . lo aconsejen para lo cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento ordinario, salvo los relativos a:

a) La práctica de la prueba. b) La presentación de alegaciones. c) La presentación de recursos. d) El trámite de audiencia.

21. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, regula las notificaciones a los interesados de las resoluciones de actos administrativos en los siguientes términos:

a) Las notificaciones que aun conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos, no surtirán efectos en ningún caso. b) Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, pero opten por este medio, lo harán necesariamente para todas las notificaciones que se le practiquen en el procedimiento. c) Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. d) La Administración podrá practicar las notificaciones por medios no electrónicos cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa, resulte necesaria la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

22. El recurso que se interpone ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo es, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

a) El recurso potestativo de reposición. b) El recurso extraordinario de revisión. c) El recurso de alzada. d) El recurso contencioso-administrativo.

23. El plazo para presentar la reclamación patrimonial, regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, desde que se produjo el hecho o acto que motive la indemnización es de:

a) 1 año. b) 6 meses. c) 2 años. d) 4 años.

24. En relación al impulso del procedimiento administrativo, el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece:

a) De acuerdo con el principio de celeridad, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. b) Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos. c) La fase de instrucción del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de quince días para cumplimentarlo. d) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento suspenderán la tramitación del mismo.

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con la eficacia de los actos administrativos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 39/2015?:

a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten y su eficacia no podrá ser nunca demorada por tal circunstancia b) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, no pudiendo tener en ningún caso efectos retroactivos c) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, pudiendo tener efecto retroactivo sólo cuando producen efectos favorables a la Administración d) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa

26. ¿Cuál es el plazo dentro del cual debe ser cursada toda notificación que viene establecido en la Ley 39/2015?:

a) siete días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado b) diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado c) quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado d) veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado

27. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, ¿qué plazo tiene que transcurrir sin acceder al contenido para que se entienda rechazada?:

a) diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación b) diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación c) quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación d) veinte días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación

28. ¿Cuál de estos sujetos están obligados a relacionarse siempre a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, a tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015?:

a) Las personas físicas b) Las personas jurídicas c) El representante de un interesado d) Los empleados de las Administraciones Públicas

29. Según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el archivo de documentos?:

a) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable b) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad e integridad y la consulta del documento durante un plazo máximo de diez años c) Cada Administración se asegurará que los datos contenidos en documentos electrónicos no puedan ser trasladados a otros formatos y soportes, pudiendo ser accesibles sólo desde la aplicación en la que fueron creados d) Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con las medidas de seguridad establecidas por la Comisión Nacional de Ciberseguridad