Examen administrativo Madrid 2024

1. En base a lo establecido en el Título VIII de la Constitución Española:

A. Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. B. Las Cortes Generales, mediante ley ordinaria, podrán, por motivos de interés nacional autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. C. Se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. D. En la Constitución no se establece un contenido mínimo que debe contener los Estatutos de Autonomía.

2. En base a lo establecido en el artículo 149 de la Constitución Española, señale la correcta:

A. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución deberán ser asumidas por las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos. B. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado. C. Las normas del Estado en ningún caso prevalecerán sobre las de las Comunidades Autónomas. D. El derecho estatal será supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas en casos excepcionales.

3. En base a lo establecido en el artículo 150 de la Constitución Española, señale la correcta:

A. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, deberán atribuir a las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. B. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control del Congreso de los Diputados sobre estas normas legislativas de las Comunidades. C. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley ordinaria, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. D. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

4. El artículo recogido en la Constitución Española “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”, aparece recogido en el:

A. Título I Capítulo I de los españoles y extranjeros. B. Título preliminar de la Constitución. C. Título I Capítulo II Derechos y libertades. D. Título II de la Constitución.

5. El Comité Europeo de las Regiones:

A. Es un órgano consultivo de la política agrícola común. B. Es un órgano legislativo de la política regional. C. Es un órgano ejecutivo de la política regional. D. La Comisión Europea, el Consejo de la Unión y el Parlamento Europeo deben consultar al Comité Europeo de las regiones al elaborar actos legislativos sobre asuntos relacionados con la administración local.

6. De conformidad con lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

A. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer la sanción correspondiente a la suma de las sanciones de las infracciones cometidas. B. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. C. El órgano sancionador elegirá entre las opciones A) y B) previa audiencia del infractor. D. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

7. Según el art. 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción:

A. Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años y las sanciones por infracciones muy graves prescribirán a los tres años. B. Las infracciones graves prescribirán a los tres años y las sanciones por infracciones graves prescribirán a los dos años. C. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años y las sanciones por infracciones muy graves prescribirán a los tres años. D. Las infracciones leves prescribirán al año y las sanciones por infracciones leves prescribirán al año.

8. Diga cuál de los siguientes NO es un principio de conducta de los enumerados en el art. 54 del Estatuto básico del empleado público:

A. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. B. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. C. Mantendrán la observancia de las normas básicas de cuidado personal e higiene en atención y respeto a sus superiores, a los demás empleados públicos y a los ciudadanos. D. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

9. Según el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en la Constitución Española en su artículo:

A. Artículo 20.2. B. Artículo 105.b. C. Artículo 106.1. D. Artículo 20.4.

10. La conservación de los documentos electrónicos deberá realizarse de forma que permita su acceso y comprenda, como mínimo:

A. Identificación, contenido, firma y estructura. B. Estructura, contenido, metadatos, firma e identificación. C. Identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato. D. Identificación, firma y contenido.

11. De acuerdo al artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado:

A. Se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. B. Se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo. C. Se podrá entender la misma admitida por silencio administrativo. D. Se podrá entender la misma desistida por silencio administrativo.

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

A. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. B. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos elementales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. C. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de todos los derechos y de las libertades públicas y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. D. Son leyes ordinarias las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

13. Se podrán suscribir contratos de duración determinada por parte de las entidades que integran el sector público, reguladas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siempre que dichos contratos se encuentren asociados a la estricta ejecución de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A. Sólo por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos. B. Sólo por dos años prorrogables. C. Sólo por dos años máximo, improrrogable. D. Ninguna de las anteriores.

14. En ningún caso podrán suspender el contrato de trabajo:

A. La situación de incapacidad temporal del trabajador. B. La declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. C. Las consignadas válidamente en el contrato. D. Todas las anteriores podrán suspender el contrato de trabajo.

15. El artículo 11 de la Ley General de la Seguridad Social dispone que se podrán establecer sistemas especiales en alguna de las siguientes materias (Señale la INCORRECTA):

A. Acción protectora. B. Encuadramiento. C. Afiliación. D. Recaudación.

16. Las modificaciones presupuestarias que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial se denominan:

A. Generaciones de crédito. B. Créditos ampliables. C. Créditos extraordinarios. D. Suplementos de crédito.

17. Contra los actos que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse:

A. Sólo podrá interponerse recurso de reposición. B. Puede interponerse simultáneamente recurso de reposición y recurso contenciosoadministrativo. C. Sólo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. D. Puede interponerse tanto recurso de reposición como recurso contencioso administrativo.

18. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá contra actos firmes que incurran en error de hechos, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente:

A. 3 meses. B. 1 año. C. 4 años. D. 6 meses.

19. Tienen legitimación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

A. El Abogado del Estado para intervenir en los procesos que determine la Ley. B. El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley. C. Los letrados de la Comunidad Autónoma, en los procesos que determine la Ley. D. Todos los mencionados en las respuestas anteriores.

20. El proceso contencioso-administrativo es una instancia jurisdiccional para:

A. Revisar los actos administrativos de las Administraciones públicas. B. Recurrir Reglamentos y disposiciones normativas con rango de Ley. C. Impugnar cualquier acto administrativo, incluidos los que tengan carácter de Ley. D. Derogar cualquier acto, siempre que lo haya dictado una Administración pública.

21. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:

A. Las materias en que así se determine por noma con rango de Decreto. B. Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado. C. Todas las competencias se pueden delegar. D. La adopción de disposiciones de carácter no general.

22. Las delegaciones de competencias y su revocación:

A. Podrán publicarse en el BOE, BOCA o en el de la provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegado. B. Deberán publicarse en el BOE, BOCA o en el de la provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante. C. Deberán publicarse en el BOE, BOCA o en el de la provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegado. D. Podrán publicarse en el BOE, BOCA o en el de la provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante Podrán publicarse en el BOE, BOCA o en el de la provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante.

23. Según el artículo 71.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de:

A. Eficacia y publicidad. B. Eficacia y transparencia. C. Unidad y celeridad. D. Transparencia y publicidad.

24. En base a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la INCORRECTA:

A. El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos en ningún caso. B. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. C. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado. D. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.

25. En base a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

A. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 deberán ejercerse directamente en todo caso. B. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de 16 años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. C. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica. D. El responsable del tratamiento podrá informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio.

26. En base a lo establecido en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la INCORRECTA:

A. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica. B. Los usuarios tienen el deber de procurar la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos. C. Los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial, aquellos que habiliten para el desempeño profesional en la formación del alumnado, garantizarán la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet. D. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador.

27. En base a lo establecido en el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la correcta:

A. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento podrá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. B. El órgano competente para resolver podrá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga. C. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. D. Ninguna de las anteriores.

28. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16 la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público no tendrá la consideración de contrato de suministro:

A. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. B. Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. C. Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. D. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.

29. Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, no deberán incluir, necesariamente:

A. Identificación de las partes. B. El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso. C. Los supuestos en que no procede la modificación, en su caso. D. Los supuestos en que procede la resolución.

30. Respecto de los medios para acreditar la solvencia:

A. La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. B. En los contratos de concesión de obras y concesiones de servicios en los que puedan identificarse sucesivas fases en su ejecución que requieran medios y capacidades distintas, los pliegos podrán diferenciar requisitos de solvencia, distintos para las sucesivas fases del contrato, pudiendo los licitadores acreditar dicha solvencia con anterioridad al inicio de la ejecución de cada una de las fases. C. La solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato se acreditará mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de contratación de entre los previstos en la Ley. D. Todas son correctas.

31. Respecto de los contratos mixtos (señale la INCORRECTA):

A. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato mixto cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin institucional propio de la entidad contratante. B. Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal Para la determinación de las normas que regirá la adjudicación del contrato. C. Se entenderá por contrato mixto, exclusivamente aquel que contenga prestaciones correspondientes al contrato de obra y a otro u otros de distinta clase. D. Todas son incorrectas.